La norma, aprobada en julio de 2025 por el Congreso de la República, concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que sean mayores de 70 años y estén denunciados, procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Conflicto Armado Interno entre 1980 y 2000, siempre que no tengan sentencia firme o que, aún teniendo sentencias firmes, tengan una edad avanzada. Se excluyen del beneficio los casos vinculados a terrorismo y corrupción de funcionarios.
¿A quién beneficia directamente?
Como lo señala la misma norma, la amnistía alcanza a militares, policías y exmiembros de comités de autodefensa que enfrentan procesos o incluso cumplen condenas si tienen más de 70 años. Según datos de la ONG CNDH, la medida podría beneficiar a al menos 150 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso vinculados a delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
¿Quiénes son afectados con esta amnistía?
Principalmente, las víctimas directas de los delitos investigados (o ya con sentencia) y sus familias, quienes consideran que esta ley lesiona su derecho a la justicia y reparación. Hay que tener en cuenta que la amnistía no solo previene que los investigados y sentenciados cumplan su condena, sino que también tiene efectos sobre la reparación civil a los familiares de las víctimas.
Críticas desde organismos internacionales y de derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha demandado al Estado peruano vetar esta norma, advirtiendo que contraviene obligaciones internacionales frente a crímenes de lesa humanidad y podría implicar incumplimiento de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana ya se ha expresado en varias ocasiones (como los casos Barrios Altos y La Cantuta) sobre la inadmisibilidad de leyes de amnistía frente a graves violaciones de derechos humanos. La ley de Amnistía en cuestión sería incompatible con esos estándares, y podría declararse nula ante un control de convencionalidad del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, quienes están a favor de la norma sostienen que esta busca poner fin a procesos interminables que se prolongan por décadas, sin resolver y sin sentencia firme, afectando también a los acusados, ya sea porque el paso del tiempo hace difícil probar la comisión de los delitos o porque las evidencias son demasiado débiles. Afirman que así se garantiza el principio de plazo razonable en la persecución penal y se evita la dilación injustificada de los juicios.
