Nota escrita por Mariel Fernández Pantoja
Entonces la pregunta que da sentido a este artículo es simple: ¿hay una salida cuando tu abogado te dejó sin pruebas?
El derecho a probar y la importancia de una buena defensa
El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente N°04198-2022-PHC/TC ha indicado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho de no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. (…) Ahora bien, este derecho no se limita únicamente a la exigencia de que se produzca la designación de un abogado defensor de oficio en caso de que el imputado no haya podido designar uno de libre elección. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho, se requiere que el defensor actúe de manera diligente. Es decir, no basta con tener un abogado sentado al costado: ese abogado tiene que hacer su trabajo bien, ser activo, presentar las pruebas que ayuden y no quedarse de brazos cruzados solo escuchando la acusación del fiscal, sino tambien oponiendose a la misma, presentado las pruebas pertienentes para el juicio oral.
Cuando el abogado no lo hace, el problema no es solo del abogado, debido a quien terminan afectando es a la persona que está siendo juzgada, porque pierde una oportunidad valiosa para probar su inocencia o explicar mejor lo que pasó.
Oportunidad para presentar prueba en el juicio oral
En el proceso penal peruano, el artículo 373 del Código Procesal Penal permite que durante el juicio oral se puedan presentar pruebas nuevas, pero solo en situaciones excepcionales. Esta posibilidad existe cuando la parte demuestra que no conocía la prueba antes o que no pudo presentarla en su momento por una causa justificada que no sea su culpa. Los requisitos son claros: la parte debe explicar por qué la prueba no se ofreció antes y demostrar que la prueba es relevante para esclarecer los hechos. Además, el juez debe asegurarse de que admitirla no vulnere el derecho de defensa de la otra parte. Esta regla busca equilibrar el respeto a las etapas procesales con la necesidad de conocer toda la verdad en el juicio. No admitiendose como prueba nueva aquellas que no fueron presentadas en si oportunidad por mala praxis del abogado defensor. Entonces ¿Qué oportunidad tengo para presentar las pruebas?
Así, el artículo 385 del Código Procesal Penal autoriza al juez a incorporar prueba de oficio durante el juicio oral cuando lo considere necesario para esclarecer los hechos. Esto cobra especial importancia en los casos en que una defensa ineficaz no ofreció una prueba relevante en su momento, perjudicando a la persona acusada. Aunque la parte no haya pedido esa prueba oportunamente, el juez puede ordenar su actuación si queda claro que con ella se puede llegar a la verdad material del caso y que la omisión no fue culpa de la persona, sino de su defensa. Los requisitos son que la prueba sea pertinente, útil, y que su necesidad haya surgido recién durante el juicio o que no se haya podido obtener antes por una causa justificada —incluyendo el actuar deficiente del abogado. Esta facultad permite corregir desequilibrios y evitar una injusticia, garantizando que la persona no pague las consecuencias de una defensa deficiente y que el juicio se resuelva con toda la información necesaria.
¿Hay una salida cuando tu abogado te dejó sin pruebas?
Sí, el sistema procesal peruano prevé una salida, precisamente para evitar que una persona sea perjudicada por los errores u omisiones de su abogado. No es justo que alguien pierda una prueba relevante solo por una defensa deficiente. Por ello, mecanismos como la prueba de oficio —regulada en el artículo 385 del Código Procesal Penal— permiten al juez incorporar pruebas que puedan esclarecer los hechos, incluso si no fueron ofrecidas en su momento. Esta facultad judicial es clave para corregir desequilibrios, evitar una injusticia y garantizar que se resuelva el caso con toda la información necesaria.
En definitiva, el derecho a la defensa no se agota en tener un abogado designado, sino que exige una defensa activa, diligente y eficaz. Cuando la defensa no cumple su rol, la persona juzgada no debe cargar con las consecuencias. La prueba de oficio busca equilibrar las reglas del proceso con la necesidad de alcanzar una decisión justa. La prioridad debe ser siempre garantizar un juicio donde todas las partes tengan las mismas oportunidades y donde no se condene a alguien sin que se haya valorado toda la evidencia relevante. En resumen, sí hay una salida: el sistema debe corregir las fallas de la defensa cuando estas afectan gravemente los derechos del acusado.
