Artículo escrito por Mariel Fernández Pantoja.
¿Qué harías si un día el Estado te notifica que vas a perder tu casa aún cuando no has cometido ningún delito? Aunque suene como algo sacado de una película, esto puede pasar —y de hecho está pasando— a través de un mecanismo legal llamado extinción de dominio. Si bien la existencia de esta herramienta tiene un objetivo legítimo —recuperar bienes ilícitos producto del crimen organizado—, también puede poner en riesgo el patrimonio de personas inocentes si no se ejerce una defensa adecuada desde el primer momento.
La extinción de dominio es un proceso judicial mediante el cual el Estado puede quitarle a una persona un bien, como una casa, un auto, un terreno o dinero en cuentas bancarias, cuando existen indicios de que estos bienes provienen de actividades ilícitas, han sido utilizados para cometer delitos, o están a nombre de una persona que solo figura como propietaria para encubrir al verdadero dueño. Lo más llamativo de este proceso es que no se necesita una sentencia previa que determine la ilicitud de los bienes; es decir, el Estado puede interponer una extinción de dominio, aunque el titular no haya sido acusado formalmente o siquiera condenado por un delito.
Este proceso se inicia cuando el Ministerio Público, a través de sus Fiscalías especializadas, investiga el origen de un bien y encuentra indicios de que su procedencia está vinculada a una actividad delictiva. Si considera que hay elementos suficientes, presenta una demanda de extinción de dominio ante el Poder Judicial. Casi inmediatamente, pueden solicitarse y dictarse medidas como el embargo, la incautación o la inscripción de la demanda en registros públicos. Todo ello muchas veces antes de que el afectado pueda ejercer su derecho a la defensa.
Con la reciente Ley N.º 32326, promulgada en abril de 2025, se han introducido importantes cambios que refuerzan el poder del Estado en este tipo de procesos. Se fortalecen las fiscalías especializadas, se amplían los escenarios en que se puede extinguir el dominio de bienes que están a nombre de terceros, y se flexibilizan los requisitos probatorios, permitiendo que se actúe aún frente a indicios débiles. Todo esto implica que ahora es más fácil para el Estado iniciar el proceso de extinción de dominio, lo que implica aumentar el riesgo de afectar a personas inocentes que no disponen de una defensa legal adecuada.
Una situación común frente a este escenario es que muchas personas creen que al no haber cometido ningún delito o haber sido acusadas de nada, pueden enfrentar solas este proceso y que no es necesario contar con un abogado. Nada más lejos de la realidad. La extinción de dominio es un proceso complejo, que puede tener consecuencias gravísimas, especialmente la pérdida definitiva de bienes valiosos y la consecuente carga emocional y familiar. No se trata solo de perder una propiedad, sino a veces el esfuerzo de toda una vida.
Por eso, los abogados defensores cumplen un rol fundamental desde el inicio. No se trata únicamente de responder a la demanda inicial, sino de actuar estratégicamente: evaluar si el proceso tiene sustento legal, reunir y presentar oportunamente documentos que demuestren la licitud del bien, cuestionar las medidas cautelares dictadas sin justificación suficiente, y, sobre todo, acreditar que el titular actuó de buena fe. Este último punto es vital cuando el bien está a nombre de un tercero que no participó en el delito.
Una defensa activa desde el primer momento puede marcar la diferencia entre proteger exitosamente tu patrimonio o perderlo por completo. Es especialmente crucial cuando se trata de herencias, bienes conyugales o propiedades adquiridas de forma previa a posibles delitos investigados. Si no se actúa rápido, el proceso avanza inexorablemente y se puede producir la sentencia, sin que el afectado haya logrado probar la legitimidad del bien. Por eso, esperar nunca es una buena idea en estos casos.
En todo proceso judicial debe respetarse el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Estos principios también se aplican en la extinción de dominio, aunque sea un proceso civil. No se trata de un trámite automático ni de una simple formalidad: lo que está en juego son derechos constitucionales y, en muchos casos, la estabilidad económica de una familia entera. Por eso, contar con asesoría legal experta no es un lujo, es una necesidad real y urgente.
La extinción de dominio es una herramienta útil para combatir la delincuencia y recuperar lo bienes provenientes del crimen organizado, pero también crea riesgos para los ciudadanos honestos si se aplica sin los filtros adecuados. La reciente reforma legal ha hecho este proceso más rápido y más severo, por lo que hoy más que nunca se necesita una defensa legal informada, estratégica y oportuna, que se active desde el primer momento y acompañe a la persona en cada etapa del proceso.
En conclusión, si tú, un familiar o alguien cercano ha sido notificado del inicio de un proceso de extinción de dominio o ya se encuentra dentro proceso en sí, no esperes a que el proceso avance para reaccionar. Consulta con un abogado especializado en esta materia y actúa de inmediato. Porque cuando se trata de proteger tu casa, tu negocio o tu herencia, la mejor defensa es la que comienza desde el día uno.
