Nota escrita por Dangelo Gamero
La violencia familiar en Lima ha alcanzado niveles alarmantes, consolidándose como una grave crisis social que pone en entredicho la efectividad de las políticas públicas y los mecanismos jurídicos vigentes. La Ley N.º 30364, promulgada en 2015 con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ha demostrado ser insuficiente frente a la cruda realidad que aqueja a miles de ciudadanos. El incremento continuo de casos refleja, de manera inequívoca, la incapacidad del sistema para garantizar la protección de las víctimas.
En el transcurso de 2024, se han registrado más de 22,000 denuncias de violencia familiar, con un preocupante promedio de 375 casos diarios. Asimismo, los 33 feminicidios y 40 tentativas documentados durante los primeros meses del año denotan un fenómeno estructural que trasciende lo anecdótico y exige reformas profundas e inmediatas.
Desde una perspectiva jurídica, es imperativo señalar que las medidas de protección contempladas en la mencionada normativa adolecen de graves defectos estructurales. Dichas medidas, a menudo limitadas a órdenes de alejamiento y prohibiciones de contacto, no garantizan la seguridad efectiva de las víctimas, especialmente en casos de violencia psicológica sistemática. Esta falencia es particularmente crítica en un contexto donde el Estado tiene la obligación constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la integridad y la dignidad.
Recomendaciones jurídicas para las víctimas de violencia familiar:
- Acción inmediata: Presentar una denuncia penal en la comisaría más cercana, asegurándose de detallar los hechos y aportar pruebas contundentes como mensajes de texto, grabaciones u otros elementos.
- Solicitar medidas cautelares robustas: En el marco de un proceso judicial, exigir al juez la imposición de medidas de protección reforzadas, incluyendo vigilancia domiciliaria, botón de pánico u otros mecanismos tecnológicos.
- Recurrir a instancias superiores: En caso de inacción o negligencia por parte de las autoridades, elevar el caso ante la Defensoría del Pueblo o, de ser necesario, presentar denuncias ante el Ministerio Público por omisión de funciones.
- Asistencia legal especializada: Contar con la asesoría de un abogado experto en derechos humanos y violencia de género para garantizar que se respeten los derechos de la víctima en cada etapa del proceso.
La gravedad del problema requiere una respuesta integral y decidida. No basta con la promulgación de normativas bien intencionadas, pero mal implementadas; es necesario reformar el sistema desde sus cimientos, dotando a las instituciones de recursos suficientes, capacitando a los operadores de justicia y fomentando una cultura de cero tolerancias hacia la violencia en todas sus formas. En última instancia, la lucha contra la violencia familiar es una tarea que interpela no solo al Estado, sino también a la sociedad en su conjunto, cuyo silencio o indiferencia no hace sino perpetuar este flagelo.
Solo con medidas concretas y contundentes, el sistema jurídico podrá cumplir con su mandato de proteger a los más vulnerables y garantizar un entorno seguro para todos los habitantes de Lima. Es momento de actuar con firmeza y determinación para erradicar una problemática que, más que un desafío legal, es una afrenta a los principios fundamentales de justicia y equidad.
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